Muchas dudas se plantearon y más críticas se han vertido por el más reciente endeudamiento que puso en marcha el Gobierno de Jalisco. Hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno decidió no acudir en ayuda de todos los sectores que han clamado por apoyo, declaró en “la mañanera” que los gobiernos estatales debían evitar la contratación de deudas.
Lo que no dijo el presidente es que la misma Secretaría de Hacienda, ante la gravedad de la crisis económica, dio su aval a los gobiernos para que por esa vía, intenten detener la pérdida de empleos, el cierre de miles de empresas y hagan lo posible por ayudar.
En Jalisco se aclararon las dudas:
Con el trabajo en equipo del gobierno estatal, los gobiernos municipales, el sector empresarial organizado, los sindicatos, las universidades y varias asociaciones, se multiplicarán los 6 mil 200 millones de pesos en deuda y generarán cuantiosos beneficios.
De entrada, se calcula la generación de 90 mil empleos en los próximos meses.
Además, esa misma cantidad de dinero generará un valor adicional de 35 mil millones de pesos en inversiones en los siguientes dos años.
De inicio, con capital de origen público y recursos privados, la meta de la reactivación económica en el Estado será de 18 mil 074 millones de pesos.
El dinero, que es escaso, no se va a repartir en partes iguales entre todos. No, después de varias semanas de trabajo, negociación y consenso para que participen empresas gigantes en beneficio de las medianas y pequeñas, se elaboró un mecanismo que estimulará diferentes sectores estratégicos:
Agricultura, manufactura, tecnologías de información y electrónica, infraestructura logística para exportación, turismo y gastronomía, industrias creativas y producción audiovisual, además de infraestructura y obra pública.
En otras palabras: no es sólo una idea del gobierno estatal. Están involucrados muchos sectores más.
Hay dos objetivos que merecen atención: rapidez en la activación de los sectores y la derrama económica para detonar trabajo y recursos moviéndose, además de buscar que quienes den y cobren por los servicios, quienes reciban los contratos, sean las empresas locales, en la región y los municipios.
Disentir es normal e incluso saludable.
Pero no puede perderse de vista que en esta ocasión hay una crisis doble: sanitaria y económica. No se requiere que todos estén de acuerdo, pero sí que todos empujen en el mismo sentido: el beneficio del Estado.
